La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que un juez de control dictó vinculación a proceso en contra de un hombre identificado con las iniciales S. H. J., investigado por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, robo y robo calificado, tras los violentos sucesos ocurridos el pasado 7 de julio en la localidad de El Saucillo, en el municipio de Mineral de la Reforma.
Este caso se suma a la reciente ola de reportes sobre fraudes y robos violentos relacionados con la compraventa de vehículos en la zona metropolitana de Pachuca, una situación que mantiene en alerta a las corporaciones de seguridad pública de la región.
De acuerdo con las indagatorias de la PGJEH, los hechos ocurrieron cuando la víctima mostraba una camioneta Ford F-150 que pretendía vender al ahora imputado; sin embargo, S. H. J. presuntamente privó de la vida al propietario para apoderarse del vehículo y huir del lugar.
La persecución y captura del sospechoso
Tras el ataque, las autoridades implementaron un despliegue de seguridad apoyado por la tecnología estatal, el cual se desarrolló bajo las siguientes etapas:
- Monitoreo en tiempo real a través de las cámaras del C5i de Hidalgo.
- Despliegue de un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y la Guardia Nacional.
- Localización de la camioneta Ford F-150, la cual fue abandonada por el imputado durante la persecución.
- Robo de una patrulla de la policía estatal por parte de S. H. J. para continuar con su escape.
- Captura final del individuo en una comunidad perteneciente al municipio de Zempoala.
Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación, los cuales resultaron suficientes para que la autoridad judicial determinara el auto de vinculación a proceso.
El juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado, garantizando que permanezca privado de su libertad durante el desarrollo del proceso legal.
Asimismo, la autoridad judicial determinó establecer un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que ambas partes aportarán más pruebas al caso.
