La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que clausuró de manera total y temporal diversas construcciones y actividades de remoción de tierra en un predio ubicado dentro de la poligonal del Parque Nacional El Chico, en el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo. La intervención se realizó tras detectar que los desarrollos carecían de las autorizaciones federales obligatorias, poniendo en riesgo el ecosistema de esta emblemática área natural protegida.
Este operativo da seguimiento a las recientes mesas de trabajo vecinales y denuncias ciudadanas que alertaban sobre el crecimiento de construcciones irregulares y posibles invasiones en la zona boscosa del estado.
El impacto de la construcción clandestina
Durante la inspección, el personal federal constató una afectación total de 2,547 metros cuadrados en áreas de bosque de encino. Los inspectores detallaron que en el sitio se levantaba infraestructura comercial y habitacional sin planificación sustentable.
Las obras detectadas e inmovilizadas incluyen:
- Un salón de eventos y estacionamiento con una superficie de 1,070 m².
- Un camino de piedra y cemento de 513 metros de longitud.
- Una cabaña de concreto en obra negra de 720 m².
- Un segundo estacionamiento de 99 m², una barda de 19 metros y movimientos de tierra en 126 m².
Violación a las leyes ambientales
La Profepa detalló que el proyecto no contaba con la autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales ni con la evaluación de impacto ambiental que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Por este motivo, se colocaron los sellos de clausura con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.
El Parque Nacional El Chico es vital para los habitantes de la zona metropolitana de Pachuca, ya que sus bosques regulan el clima regional y son fundamentales para la captación de agua. Permitir desarrollos urbanos ilegales en este pulmón verde amenaza directamente el suministro hídrico y la biodiversidad local.
La Profepa detalló que continuará con el procedimiento administrativo para determinar las sanciones económicas correspondientes. Además, el caso podría turnarse a las autoridades judiciales, ya que la legislación mexicana castiga la remoción de vegetación en áreas protegidas con responsabilidades de carácter penal.
