La Secretaría de la Contraloría de Hidalgo, encabezada por Álvaro Bardales, informó que ha intensificado el operativo de depuración y actualización de los padrones estatales. Esta ofensiva contra la corrupción busca eliminar de raíz a las "empresas fachada" que simulan competir por recursos públicos. En este contexto, se lanzó un exhorto urgente a las personas físicas y morales con registros emitidos antes de 2026 para realizar su canje obligatorio antes del 15 de junio.
Esta depuración masiva representa un cambio drástico en la fiscalización del estado. El endurecimiento de las revisiones da continuidad a las recientes reformas aplicadas en la entidad para garantizar la transparencia. Con la modificación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo publicada en diciembre de 2025, las reglas cambiaron: a partir de 2026, el registro en el Padrón de Proveedores tendrá una vigencia estricta de solo dos años.
Para dar una oportunidad de regularización a quienes sí cumplen, la autoridad estableció un periodo de transición que vence el próximo 15 de junio de 2026. Durante este plazo, los proveedores con registros vigentes tramitados entre 2015 y 2025 podrán realizar el canje sin costo alguno.
Sin embargo, quienes ignoren este llamado serán dados de baja de manera inmediata del sistema, quedando completamente inhabilitados para participar en futuras licitaciones o contrataciones con el gobierno estatal.
Radiografía del veto: miles de registros eliminados
La auditoría y limpieza de las listas oficiales en Hidalgo ha dejado cifras contundentes, demostrando que no se tolerarán más simulaciones en los contratos públicos:
- Padrón de Proveedores en la mira: De un total de 8 mil 676 registros, la Contraloría ya dio de baja a 2 mil 14 empresas.
- Bloqueos a largo plazo: Un total de 282 proveedores fueron formalmente cancelados y no podrán hacer negocios con el estado por un periodo de cinco años.
- Limpieza en el Padrón de Contratistas: De los 2 mil 690 registros existentes en el sector de la construcción, se tramitó la baja de 571 de ellos.
- Sanciones por obras inconclusas: Se aplicó la cancelación de seis registros de contratistas por un plazo de seis años debido al flagrante incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y dejar proyectos estatales sin terminar.
Para aquellas empresas que busquen una inscripción nueva, actualizar sus datos o ampliar sus especialidades operativas, el proceso ya no será gratuito. Deberán cubrir una cuota de 30 UMAs, equivalente a 3 mil 519 pesos, conforme a la Ley Estatal de Derechos.
Con este filtro masivo, las autoridades estatales aseguran que únicamente participarán las empresas que cuenten con la infraestructura técnica, legal y operativa real para trabajar en la región. Esto cierra definitivamente el espacio a las prácticas irregulares del pasado y blinda la correcta aplicación del dinero de los hidalguenses.
¿Crees que la cancelación y baja de estas miles de empresas sea suficiente para terminar con los contratos bajo el agua en el estado?
