En un importante avance en la lucha contra la violencia de género, un personal ministerial adscrito a la fiscalía de delitos de género y trata de personas logró probar ante la autoridad judicial la plena responsabilidad de una persona acusada de feminicidio. Como resultado, el responsable fue sentenciado a 37 años de prisión.
El trágico suceso tuvo lugar el 14 de diciembre de 2022, en las inmediaciones de la mina Balastra, ubicada en la localidad de San Antonio Ox-Toyucan, en Zempoala. El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado, lo que llevó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) a iniciar las investigaciones correspondientes.
La fiscalía de delitos de género y trata de personas tomó el caso y comenzó las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio. Gracias a las pruebas recopiladas, se estableció la probable responsabilidad de una persona identificada con las iniciales L.C. I.
El Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra el sospechoso, la cual fue concedida por un juez penal. Posteriormente, el personal de la División de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal de la PGJEH llevó a cabo la detención. La persona aprehendida fue puesta a disposición de un juez de control, quien, tras la formulación de la imputación, dictó el auto de vinculación a proceso por feminicidio.
Después de agotar todas las etapas del proceso penal, la representación social obtuvo una sentencia condenatoria de 37 años y seis meses de prisión para L.C. I.
Este caso demuestra el compromiso de las autoridades en la lucha contra la violencia de género y la importancia de llevar a los responsables ante la justicia. Aunque aún queda mucho por hacer, cada paso hacia la erradicación de la violencia de género es un avance significativo.