El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) frenó la construcción de una nueva plaza comercial en la calle Belisario Domínguez, en el corazón del Centro Histórico de Pachuca, tras detectar el vencimiento de permisos y la falta de un proyecto autorizado para intervenir la zona.
Un proyecto comercial entre vestigios mineros
El Centro INAH Hidalgo colocó sellos de suspensión debido a que el predio involucra una barda de mampostería perteneciente a una antigua hacienda de beneficio y colinda con una vivienda histórica del siglo XIX. Ambos inmuebles forman parte del patrimonio arquitectónico vinculado a la bonanza minera de la capital pachuqueña.
De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, cualquier trabajo de excavación, cimentación o edificación junto a bienes protegidos requiere permisos vigentes y planos sellados. El ejecutor del proyecto dejó vencer la licencia anual, omitiendo la actualización requerida ante las autoridades federales.
Molestia ciudadana y llamado a proteger la identidad pachuqueña
La detención de los trabajos reabrió el debate entre los vecinos y comerciantes del primer cuadro de la ciudad. Mientras algunos sectores exigen frenar el avance desmedido de desarrollos privados que dañan la imagen urbana tradicional, otros señalan la urgencia de modernizar predios abandonados sin vulnerar el valor cultural del municipio.
A través de Pachuca VIVE se ha dado seguimiento continuo al estado del patrimonio en el primer cuadro, donde la proliferación de obras sin supervisión históricamente ha puesto en riesgo muros históricos, antiguos frescos y vestigios mineros que definen la historia hidalguense.
Plazos legales e implicaciones para la zona centro
La empresa responsable cuenta con un plazo límite que vence la próxima semana para entregar la documentación actualizada y subsanar las observaciones técnicas. En caso de cumplir con los requerimientos, los trabajos podrían reanudarse; de lo contrario, la obra permanecerá clausurada de manera indefinida.
Las autoridades recordaron que violar o retirar los sellos de clausura constituye un delito federal que conlleva sanciones penales y administrativas. El seguimiento del caso determinará si el proyecto comercial logra conciliar el desarrollo privado con la conservación del entorno histórico.
