El estado de Hidalgo se consolidó, por tercer año consecutivo, dentro del Top 10 de las entidades con mejores niveles de paz en todo México. El dato surge en la presentación de los resultados del Índice de Paz México (IPM) 2026, un estudio especializado desarrollado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
Este logro cobra especial relevancia si recordamos que la entidad ha mantenido una estrategia constante de la administración de Julio Menchaca. Gracias al seguimiento de la delincuencia y la coordinación con cuerpos policiacos locales, el estado ha logrado mitigar los factores de riesgo en un contexto nacional complejo.
De acuerdo con el reporte oficial, el estado se posiciona con éxito en el noveno lugar nacional al obtener una calificación general de 2.296 puntos. En el panorama del centro del país, la entidad destaca en la segunda posición regional, situándose únicamente por detrás del estado vecino de Tlaxcala.
Los datos clave del IPM 2026
Para entender cómo se evalúa la seguridad en el territorio hidalguense, el informe del IEP destaca los siguientes indicadores técnicos y puntajes obtenidos:
- Crímenes de delincuencia organizada: Séptimo lugar nacional con un puntaje de 2.034.
- Delitos con armas de fuego: Undécimo puesto del país, registrando una calificación de 1.834.
- Tasa de homicidios: Controlada en la posición 12 a nivel federal con un puntaje de 1.580.
- Miedo a la violencia: Octavo lugar nacional con una calificación de 3.913 puntos.
Menor percepción de miedo y ahorro ciudadano
Las fortalezas institucionales no solo se reflejan en las cifras de delitos, sino también en las calles de la capital hidalguense, Pachuca, y el resto de los municipios. El documento resalta que Hidalgo presenta una de las menores discrepancias del país entre la percepción de miedo de los ciudadanos y la incidencia delictiva real.
Mientras que el costo financiero de la violencia promedio en México es de 30 mil 036 pesos por persona, en territorio hidalguense este impacto se limita a 23 mil 629 pesos por habitante, lo que genera un ahorro sustancial en pérdidas asociadas a la inseguridad.
A futuro, las autoridades estatales señalaron que mantendrán la aplicación de la política de seguridad ejecutada por la SSPH. El reto principal será optimizar los recursos públicos para contener los delitos sin necesidad de generar gastos extraordinarios en justicia.
