El gobierno de Hidalgo, en colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (INPI), ha presentado un ambicioso Plan de Justicia para el pueblo otomí. Este esfuerzo cuenta con el respaldo de líderes comprometidos, como la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Julio Menchaca.
El plan es un paso crucial hacia el reconocimiento y el respeto de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, ofreciendo una oportunidad única para su futuro.
Objetivos del plan
Este instrumento busca definir de manera participativa las obras y acciones que fomenten el desarrollo integral y el bienestar común.
Cristina Hernández Bautista, titular de la oficina del INPI en Hidalgo, enfatizó que este plan es un medio para remediar agravios históricos hacia los pueblos indígenas y asegurar su bienestar social, cultural y económico. La iniciativa ha estado en desarrollo durante aproximadamente siete meses, centrándose en un diálogo sincero con las comunidades locales.
Compromiso con el desarrollo sostenible
Miguel Tello, de la Unidad de Planeación y Prospectiva, resaltó la importancia de trabajar en conjunto con las comunidades para establecer estrategias específicas que reflejen sus aspiraciones. Este plan no solo es una herramienta para escucharlos, sino una forma de garantizar que sus solicitudes sobre agua, infraestructura, cultura y salud se atiendan adecuadamente.
La participación de las autoridades indígenas es esencial, este esfuerzo representa un importante compromiso para el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en la región.