En una medida decisiva contra la extorsión, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha firmado una iniciativa destinada a reformar la Constitución Mexicana para facultar al Congreso a promulgar una ley integral contra este delito tan extendido.
Programada para ser enviada a la Cámara de Diputados, esta legislación facilitará la investigación y persecución de los casos de extorsión por parte del Estado, asegurando que las víctimas reciban la protección y el apoyo necesarios.
Entendiendo el impacto de la extorsión
La extorsión es un problema grave que afecta a muchas personas y empresas en todo México, provocando importantes repercusiones económicas, físicas y psicológicas. La nueva ley representa un compromiso del gobierno no solo de tratar a las víctimas con cuidado, sino de abordar el delito como un problema colectivo donde el Estado asume la responsabilidad y pueda perseguirlo de oficio.
Durante su discurso matutino, Sheinbaum enfatizó que "cuando haya una denuncia de extorsión, el Estado la perseguirá por cuenta propia, afirmando su papel como víctima".
Cómo funciona la nueva estrategia
A partir del 6 de julio, las víctimas pueden denunciar la extorsión de forma anónima llamando al 089, una línea directa dedicada establecida como parte de la estrategia nacional. Tras dichas denuncias, una unidad especializada comenzará las investigaciones. Además, con la introducción de una ley general, cada estado de la república deberá legislar para combatir la extorsión de manera efectiva.
Este enfoque estructurado enfatiza la colaboración entre las instituciones federales, estatales y locales, lo que refleja un frente unificado contra este delito.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que la estrategia comprende varios elementos clave para desmantelar las redes de extorsión, incluida la cancelación inmediata de las cuentas telefónicas de los extorsionadores y el establecimiento de unidades de investigación centradas únicamente en estos delitos.