La Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo informó que, al vencerse el plazo legal este 31 de mayo, la entidad alcanzó un 99 por ciento de cumplimiento en la presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses 2026.
Esta jornada consolida por cuarto año consecutivo la estrategia estatal anticorrupción en la región, reflejando una sólida cultura de rendición de cuentas tanto en los organismos estatales como en los diferentes municipios hidalguenses.
Este logro da continuidad a los esfuerzos de fiscalización iniciados desde el arranque de la actual administración estatal. En periodos anteriores, la vigilancia estrecha ya había marcado un precedente en el estado, demostrando que la omisión de estas responsabilidades administrativas conlleva consecuencias reales y directas para los funcionarios que ignoran la normativa vigente.
Para el ciudadano común, la utilidad de este proceso radica en que la declaración no es un simple trámite. Funciona como una herramienta preventiva para monitorear la evolución del patrimonio de los gobernantes, evitar el enriquecimiento ilícito y prevenir conflictos de interés. Al transparentar los recursos, se busca asegurar que el dinero público se destine correctamente a las necesidades de la comunidad.
Los datos clave de la jornada fiscalizadora
El corte final del ejercicio reveló un panorama detallado sobre el comportamiento de la plantilla laboral pública en el territorio hidalguense:
- Universo total: De 109 mil 942 personas obligadas en todo el estado, cumplieron en tiempo y forma un total de 106 mil 568 servidores públicos.
- Poder Ejecutivo: Registró un 99.3 por ciento de avance, donde 81 mil 738 empleados de un universo de 82,315 completaron el formulario, incluyendo a 50 dependencias con asistencia perfecta.
- Ámbito municipal: De 28 mil 767 obligados, se presentaron 26 mil 185 declaraciones, alcanzando un 91.2 por ciento global.
Comportamiento en las regiones y municipios
El desempeño local mostró contrastes importantes entre las distintas alcaldías de la entidad. Demarcaciones como Zempoala, Atitalaquia, Juárez y Alfajayucan destacaron al reportar un impecable 100 por ciento de cumplimiento entre sus trabajadores.
Por otra parte, los municipios con mayor densidad laboral también obtuvieron cifras elevadas. La capital, Pachuca, lideró este grupo con más del 98 por ciento de avance; seguida muy de cerca por Mineral de la Reforma con más del 96 por ciento, y Tizayuca, que superó el 93 por ciento de registros completados.
El costo de la omisión: las sanciones que vienen
No todo son buenas noticias, ya que el porcentaje restante iniciará un proceso legal. La dependencia a cargo de Álvaro Bardales confirmó que se dará seguimiento inmediato a los casos de incumplimiento. Se notificará formalmente a cada institución para arrancar con los procedimientos de responsabilidad administrativa estipulados por la ley.
Quienes omitieron su declaración enfrentarán penalizaciones proporcionales a la gravedad de su falta. El marco legal vigente contempla desde amonestaciones públicas y suspensiones temporales, hasta la inhabilitación definitiva para ejercer cualquier cargo dentro del servicio público. La rigidez de la medida busca mantener el orden institucional.
El historial de la contraloría estatal respalda la aplicación real de estas medidas. Hasta la fecha, bajo la presente administración, se ha sancionado a un total de 726 personas servidoras públicas por omitir sus reportes. De este grupo de infractores, 179 funcionarios terminaron inhabilitados de sus funciones de manera formal.
