La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó durante su conferencia matutina que este lunes 16 de marzo enviará al Congreso de la Unión el llamado Plan B de la iniciativa de Reforma electoral. El proyecto busca limitar los recursos destinados a los Congresos locales y ayuntamientos para erradicar lo que calificó como un régimen de privilegios.
Esta medida surge tras el envío de una primera propuesta que ya buscaba reducir el costo de la democracia en el país. Con este nuevo paso, el Gobierno Federal intenta dar continuidad a la política de austeridad republicana, asegurando que la honestidad en el manejo del dinero público es el eje central de la Cuarta Transformación.
Un golpe a la burocracia dorada en los estados
La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que la implementación de estos topes generaría un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos. Este recurso no se quedará en las arcas federales, sino que se planea destinarlo directamente a fortalecer las finanzas de los estados y municipios, priorizando las necesidades sociales sobre el gasto operativo legislativo.
Durante la presentación, se expusieron casos de disparidad presupuestal extrema que afectan la percepción ciudadana sobre sus representantes:
- Baja California: Con un costo de 34.8 mdp por legislador.
- Morelos: Con un gasto de 31.8 mdp por diputado local.
- Colima: Con un costo menor de 5.1 mdp, evidenciando la falta de un estándar nacional.
En Hidalgo, el costo por legislador se estima en 11 millones de pesos anuales (con base en el presupuesto asignado para 2025).
Recorte a regidurías y fortalecimiento ciudadano
El Plan B también pone la lupa sobre los ayuntamientos. Sheinbaum cuestionó la cantidad excesiva de regidores en ciudades como Monterrey, que cuenta con 28, o Puebla, con 23. La propuesta pretende compactar estas estructuras para que el presupuesto municipal se aplique en servicios y obra pública, no en salarios de funcionarios.
Además de los recortes, la iniciativa busca fortalecer la consulta popular. Para la presidenta, cumplir con esta reforma es un compromiso ético con los mexicanos que consideran excesivo el financiamiento a partidos políticos en un país con marcadas desigualdades económicas.
Impacto en la política local
Para estados como Hidalgo, donde la discusión sobre la eficiencia legislativa es constante, esta reforma obligaría a un ajuste en el cinturón del Congreso del Estado y sus 84 municipios. El objetivo es que la política deje de ser un espacio de acumulación de riqueza y se transforme en un servicio de bajo costo.
Se espera que tras el envío del paquete este lunes, comience un intenso debate en las cámaras. La mandataria enfatizó que será fundamental observar qué fuerzas políticas votan a favor de reducir estos beneficios y quiénes deciden mantener el status quo presupuestal.
