La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes, en la conferencia mañanera, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, implementó medidas preventivas de inmovilización de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros funcionarios de esa entidad que son investigados por presuntos nexos con la delincuencia.
"Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que esconder", afirmó la mandataria, rechazando los comentarios de algunos críticos de su gobierno que sostienen que estaría protegiendo Rocha Moya.
El organismo federal detalló posteriormente, en un comunicado, que estas acciones forman parte de un protocolo de vigilancia sobre sujetos que, por su cargo o influencia, representan un perfil de alto riesgo. La UIF informó que la detección de movimientos inusuales en los flujos de efectivo disparó las alertas de los sistemas de monitoreo, lo que derivó en el bloqueo inmediato de sus facultades financieras.
Este movimiento ocurre semanas después de que se intensificaran las investigaciones a pedido de Estados Unidos, demostrando un seguimiento continuo a las redes de influencia regional. Para los ciudadanos, esto representa un mensaje claro sobre la fiscalización de los recursos públicos y privados de quienes ostentan el poder.
Detalles de las medidas preventivas
La autoridad ha sido enfática en que el procedimiento se ajusta a los estándares internacionales de combate al financiamiento ilícito. Los puntos clave de esta intervención incluyen:
- Identificación de perfiles: Monitoreo de familiares y socios cercanos a los titulares de las cuentas.
- Inmovilización de activos: Bloqueo total de depósitos, retiros y transferencias electrónicas.
- Notificación al sistema bancario: Alerta nacional para evitar la apertura de nuevas líneas de crédito o servicios.
El impacto en la transparencia regional
Aunque el operativo se centra en Sinaloa, las repercusiones alcanzan el debate nacional sobre la ética en la función pública.
Se espera que en los próximos días la UIF presente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar los procesos judiciales necesarios. Este es solo el primer paso de una investigación que podría revelar conexiones más profundas entre la política y sectores económicos de dudosa procedencia.
