El gobernador Julio Menchaca Salazar y la presidenta del Patronato del Sistema DIFH, Edda Vite Ramos, encabezaron en la capital hidalguense el Primer Encuentro Estatal y la toma de protesta del Comité Técnico para la implementación de las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Este acto busca transformar la atención local en un esquema de protección legal robusto para salvaguardar la integridad de la infancia en los 84 municipios del estado.
El Gobierno del Estado de Hidalgo informó que esta iniciativa representa un compromiso directo para modificar sustancialmente la vida de los menores. Según el mandatario, la meta es que el amor y la voluntad política se traduzcan en condiciones dignas que marquen positivamente el futuro de la juventud hidalguense, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad social.
Para entender la relevancia de este anuncio, es necesario recordar que desde el 2015 los ayuntamientos operaban bajo “Unidades de Primer Contacto”. Sin embargo, estas carecían de una estructura jurídica sólida y funciones específicas, lo que limitaba su capacidad de respuesta ante casos críticos de vulneración de derechos.
Transformación de las unidades de primer contacto
La presidenta del DIFH, Edda Vite Ramos, explicó que la formalización de estas procuradurías otorga identidad y legalidad a las acciones de protección. Con este cambio, se busca evitar la revictimización de las infancias al ofrecer una atención especializada y técnica que no dependa de la voluntad administrativa en turno, sino de un mandato institucional claro.
De acuerdo con la información oficial, los avances técnicos incluyen:
- Integración de equipos multidisciplinarios en 65 municipios.
- Personal especializado compuesto por abogados, trabajadores sociales y psicólogos.
- Mecanismos de atención oportuna e integral en el territorio local.
- Coordinación estrecha con el Sistema Nacional DIF y organismos internacionales como UNICEF.
Desafíos geográficos y compromiso estatal
La implementación de estas oficinas enfrenta el reto de la dispersión geográfica en Hidalgo, que cuenta con casi 5 mil comunidades. El gobernador Menchaca enfatizó que la presencia de estas procuradurías en municipios cercanos a la zona metropolitana de Pachuca y en las regiones más alejadas es vital para garantizar que el acceso a la justicia no sea un privilegio de unos pocos.
Por su parte, Rocío Aznar Daban, jefa de Protección a la Infancia de UNICEF México, reconoció que Hidalgo está marcando un “antes y un después” al fortalecer instituciones cercanas a la gente. Esta visión crítica sugiere que, más allá de la burocracia, la efectividad de las nuevas procuradurías dependerá de su capacidad real para coordinar la respuesta del Estado en el terreno.
Para los ciudadanos, esto significa que ahora existirán instancias legales con dientes para intervenir en casos de abuso o abandono de forma inmediata. El siguiente paso será la vigilancia del Comité Técnico para asegurar que los 19 municipios restantes completen su transición y que el presupuesto estatal respalde la operatividad permanente de estos equipos de protección.
